El caso Pegasus hace referencia a un caso con posibles responsabilidades penales. El Estado no puede espiar un móvil, hay las leyes que acotan al CNI y a la vigilancia que se debe realizar.

Ha afectado al menos a 65 políticos, abogados y miembros de la sociedad catalana han sido presuntamente espiados por este software espía Pegasus de la empresa israelí NSO Group, según un informe de CitizenLab titulado: CatalanGate Extensive Mercenary Spyware Operation against Catalans Using Pegasus and Candiru.

El  informe apunta hacia el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) como principal sospechoso de haber usado Pegasus para espiar la información de los móviles de los afectados. La ministra de Defensa, Margarita Robles manifiesta «todo lo que hace referencia al CNI es secreto», es el argumento habitual de la «seguridad nacional» que suele usarse para justificar las acciones del CNI.

Las leyes protegen a los ciudadanos

Se debe saber que las leyes y el Código Penal nos protegen y está creadas para estos casos no sucedan. Las leyes españolas protegen nuestros derechos fundamentales, pero es necesario un juicio para intentar que así sea. Para ello es necesaria una investigación real y eficaz lo que implica que debe existir una denuncia por parte de los propios afectados, independientemente del recorrido político que tenga el tema. De momento los políticos catalanes afectados no han presentado ninguna denuncia.

La denuncia permite aclarar varios temas importantes: comprobar que un juez autorizó el espionaje y que criterios permitieron autorizar este espionaje, es decir, que el juez autoriza la acción si tiene indicios claros de delito y justificar que la medida es proporcional y necesaria. Es necesario que el delito sea grave para que se justifique el espionaje, si no do lo demás está viciado de nulidad, cosa que podrían presentar los abogados especialistas en derecho penal que defiendan a los afectados.

Existen precedentes legales de casos absueltos e indemnizados por «pinchazos» sin autorización judicial, eso ha evitado muchos años de cárcel al cliente al ser absuelto. El espionaje atenta contras los derechos fundamentales de los ciudadanos, debe estar muy justificado.

Según el informe de Citizen Lab, los atacantes llegaron a suplantar a la Agencia Tributaria, la Seguridad Social e incluso a una ONG para infectar los móviles de los afectados.

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Autor: Jesús Barreña | Artículos - Linkedin de Jesús Barreña - Twitter
Asesor de finanzas personales y familiares. Asesor de inversiones. Lic. en Derecho. Especialista en inversión en inmuebles. https://jesusbarrena.com/